El vicepresidente
de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), José
Javier Morales, designó ayer al diputado Modesto Ruíz como presidente de
la subcomisión que tratará el proyecto de Ley de Matrimonio Civil
Igualitario, que fue consignado el 31 de enero pasado por los colectivos
sexo-género diversos.
La decisión fue tomada tras el derecho de palabra
concedido a miembros de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria y
Ejército Emancipador del Gran Polo Patriótico en el Parlamento, para que
expusieran las demandas fundamentales que esperan sean debatidas por el
Poder Legislativo, a fin de garantizar la ciudadanía plena de esta
población vulnerable.
Al respecto, el diputado Ruíz estimó para finales
de julio la preparación de una agenda de foros y conversatorios que les
permita a los distintos colectivos exponer los fundamentos de esta lucha
y así poder abordar el tema con el conocimiento necesario para tomar
decisiones.
Ejes para la igualdad
Durante su intervención, el presidente de la
Asociación Civil Venezuela Igualitaria, Giovanni Piermattei, expuso que
la lucha de esta población se centra en otros cuatro ejes transversales
(además del matrimonio civil igualitario), con bases en la Constitución
de la República de Venezuela, los tratados y pactos internacionales en
materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por la República y el
Plan de la Patria 2013-2019, hoy ley de la Nación.
Piermattei también explicó que otra meta de la
población no heterosexual y género diversa es lograr que el Parlamento
venezolano, como sucedió en Argentina, discuta y sancione una normativa
que garantice el derecho a la identidad de las personas transgéneros,
transexuales e intersexuales.
Igualmente, estos colectivos precisaron que es
necesaria la aprobación de una Ley Antidiscriminación que incluya todos
los grupos vulnerables, para combatir la discriminación por orientación
sexual e identidad o expresión de género, así como la creación de un
organismo que se encargue de la regulación permanente de este
instrumento jurídico.
Asimismo, instaron a fortalecer la educación sexual para combatir la homofobia, lesbofobia, transfobia e interfobia.
No es baladí destacar que los instrumentos
jurídicos propuestos por la comunidad sexo-género diversa tienen su base
en el objetivo 2.2 del Plan de la Patria que establece la construcción
de una sociedad igualitaria y justa, para lo cual en sus apartados
2.2.4.2, 2.2.4.3 y 2.2.4.4, respectivamente, llama a la incorporación de
la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas, a
promover la no discriminación y la protección a los grupos socialmente
vulnerables, generar políticas formativas sobre la perspectiva de
igualdad de género y de diversidad sexual y a promover el debate y
reflexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa.
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